Recientemente se puede apreciar a través de las redes sociales la batalla campal que llevan grupos conservadores y personas que apoyan el Proyecto #238 de la legislatura de Puerto Rico, el cual prohíbe cualquier tipo de discrimen en el empleo, incluyendo por orientación sexual. Dicha batalla queda expresada mayormente a través de Facebook y Twitter, demostrando que las redes sociales son un recurso valioso que puede impactar de gran manera el proceso legislativo de un país.
Con el propósito
de llevar su mensaje y tratar de descarrilar el Proyecto #238 de la legislatura,
vemos como grupos conservadores y en contra de esta medida llevan una campaña
ardua a través de diferentes páginas de Facebook. Estas páginas reciben un
constante seguimiento por parte de sus fieles y personas que se oponen a la
pieza legislativa por cuestiones religiosas y “moralidad”. Por otro lado, vemos
como los grupos de la comunidad LGBTT se han hecho sentir a través de estas
redes sociales con el apoyo de personalidades de diferentes sectores de la sociedad civil
y de renombre internacional tales como Ricky Martin y Gilberto
Santa Rosa, entre otros.
Por otro lado,
vemos a los responsables de tomar la decisión final opinando a través de las
redes sociales sobre sus determinaciones y pasos a seguir. Recientemente, el
Gobernador de Puerto Rico, colocó un Twitter en su página oficial, en el cual advertía
a los miembros de su delegación con prohibirles su participación
en la asamblea del partido si éstos no aprobaban los proyectos esbozados en su Programa
de Gobierno. Esta acción del Gobernador hace una década atrás era impensable.
Sin embargo, vemos como hoy día, el cabildeo gubernamental tiene como aliado a
las redes sociales.
Mirando las páginas
creadas por ambos grupos sería interesante preguntarse si las estrategias de comunicación
han sido debidamente concertadas o si hay improvisación en el proceso. Además, si están logrando comunicar de forma
simple y acertada sus posturas tomando como base únicamente las realidades del
Proyecto #238 y no la desinformación. Creo que hay mucha confusión en el país con
este proyecto por lo que sería de gran beneficio para la población la orientación
mesurada, la cual debe estar sustentada con datos concretos y aspectos estrictamente
de derecho constitucional: no de otra índole.
Como parte de
este breve análisis sería bueno formular las siguientes preguntas:
1.
¿Cuáles son los objetivos de comunicación
de ambos grupos (promovedores y opositores)?
2.
¿Los mensajes clave que
transmiten ambos grupos han sido consistentes?
3.
¿A qué grupos desean llegar los
desarrolladores de estas redes sociales?
4.
¿Las respuestas a los
planteamientos que hacen unos y otros grupos han sido dadas a través de las redes
sociales de forma organizada, rápida y convincente?
5.
¿Proyectan ambos grupos que hay
una estrategia organizada?
6.
¿Cuál grupo ha logrado ser más
convincente en el proceso de orientación?
Las respuestas a éstas y otras preguntas no esbozadas en el escrito podrían darnos una idea de la efectividad o no que pueda finalmente tener el esfuerzo que ambos grupos llevan a cabo en las redes sociales. Sin lugar a dudas, las redes sociales no pueden ser obviadas en los procesos legislativos, ya que su buen uso puede ayudar a que una legislatura apruebe o no una medida legislativa. Como parte de este análisis encontré interesante el siguiente enlace de New York Times que expone algunas estrategias utilizadas por Washington para el cabildeo a través de las redes sociales y los conocidos new media. FAVOR PRESIONAR SOBRE LA PALABRA LOBBYING .
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